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Así mismo, la ministra reveló que "...el Consejo de Estado emitió un concepto jurídico en el sentido de que siendo el Colegio San Bartolomé una institución privada, no puede recibir recursos públicos". Según CMI la funcionaria afirmó que "La teoría de que una ley ordenó ese auxilio durante 90 años fue considerada no válida, al existir sobre el tema una nueva jurisprudencia". 

 

El Colegio, aunque administrado por un operador privado, es un colegio que presta un servicio público ya que sólo cobra a sus estudiantes un monto anual correspondiente al valor de la matrícula y su fuente principal de financiamiento es el presupuesto nacional. Lo anterior en virtud al convenio No. 250 de 2009 que señala, entre otras cosas, que sólo se podrá cobrar un valor por concepto de matrícula, la cual es “...autorizada por la Secretaría de Educación Distrital -SED-, tal como lo contempla el Contrato de Prestación de Servicios Educativos No 58, del 16 de abril de 1984, cuya duración es de 90 años, suscrito por el Ministerio de Educación Nacional y la Fundación Colegio Mayor de San Bartolomé”.

 

La Fundación Colegio Mayor durante los últimos veintisiete años ha funcionado con el auxilio que le otorga el gobierno, y con él cumplir lo que denomina el convenio No. 250 como “la razón de ser” del Contrato de Prestación de Servicios Educativos, que no es otra cosa que “...prestar el servicio educativo en los niveles de educación preescolar, básica y medida (...) a población escolar de los estratos 1, 2 y 3.” Tarea que se ha cumplido hasta el momento en medio de múltiples amenazas de privatización desde el año 2004. Lo que realmente denota las palabras de la ministra es el interés del gobierno por un lado, en ahorrarse un dinero y por otro, generar oportunidades de negocio en el sector, adecuando cada vez más el sistema educativo a las exigencias del capital financiero y los Tratados de Libre Comercio.

El pasado 7 de Junio el Ministerio de Educación Nacional y las directivas del colegio, suscribieron un nuevo convenio que implica un acuerdo tripartito entre el MEN, la SED y la Fundación Colegio Mayor de San Bartolomé para la financiación de esta institución educativa sólo para este año que incluye al parecer, el cobro de matrículas y pensiones a partir del 2012 con criterios comerciales. Aunque no hay mayores claridades frente a este acuerdo y no ha sido difundido públicamente, es evidente que existe, al igual que en el caso de la ETB, un interés del gobierno nacional en su privatización tal como lo demuestran las acciones adelantadas por la alcaldesa designada durante su corto periodo de gobierno.

Es urgente conocer el texto y acuerdos a los que se llegaron en este nuevo convenio, ya que el hecho de exigir el pago de una mensualidad alta, no solo terminará de privatizar el colegio sino que mercantilizará sus servicios educativos, imposibilitando el cumplimiento de “la razón de ser” que le consagra el convenio No. 250 de 2009; haciendo que casi el 50% de estudiantes y aspirantes desistan de continuar.

 

Además, el gobierno nacional debe explicar, si para la fecha en que se firmó el convenio (07-06-2011), la señora María Fernanda Campo actuó como Ministra de Educación, como Alcaldesa designada o como representante de las dos. Recordemos que el 2 de mayo de 2011 el Presidente Juan Manuel Santos, designó a la Ministra de Educación, como alcaldesa provisional de Bogotá. Posteriormente el 23 de mayo, para apresurar y facilitar la venta de acciones de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), el Ministro del Interior y de Justicia, decretó el nombramiento de Cristina Plazas secretaria del Consejo de Ministros como 'alcaldesa ad hoc' exclusivamente para radicar el proyecto de acuerdo que pretendía vender la ETB, ya que la señora Ministra estaba impedida por tener acciones en esta empresa. A pesar de ese relevo temporal, la señora Campo funcionó como Ministra de Educación y como Alcaldesa de Bogotá de manera simultánea hasta el 9 de junio, día en que se posesionó Clara López Obregón.

 

Si en el caso del Colegio Mayor la ministra ejerció ambas funciones de manera simultánea y no convocó a la SED, esto no tiene presentación y debe ser investigado. Si fue así, se repite la táctica aplicada a la ETB y se evidencia nuevamente el oportunismo del gobierno nacional en profundizar políticas privatizadoras en Bogotá.

 

Cinco meses después de la noticia de suspensión del auxilio presupuestal y casi dos meses después de la firma del convenio, las directivas del Colegio informan a estudiantes y padres de familia el cobro de matrículas y pensiones por un valor aproximado de $350.000, para alumnos antiguos y nuevos a partir de 2012.

 

Vista así la situación, esta es una clara muestra de la privatización (mercantilización) impuesta por el gobierno nacional y de la vulneración al derecho a la educación de los casi 2000 estudiantes (1800 diurnos y 200 nocturnos) que con tanto esfuerzo, sacrificio y merito lograron un cupo; y a los cerca de 600 aspirantes de estratos 1, 2 y 3 que se sometieron al proceso, aprobaron el examen y hoy son sorprendidos con el cambio de condiciones y ven frustrados sus sueños de ingresar el próximo año.

 

Actualmente un grupo de padres de familia de estudiantes y aspirantes, a través de la red social facebook, resisten y buscan reversar la privatización y defender el derecho de sus hijos a una educación pública, gratuita y de calidad. Es el momento de rodear a las casi 2600 familias afectadas y luchar en defensa de tan importante colegio para la ciudad y el país.

NO a la Mercantilización del Colegio Mayor de San Bartolomé.

Yeilor Rafael Espinel Torres y Paola Andrea Rodríguez Vargas

(30/07/2011)

Hoy el Colegio Mayor de San Bartolomé, patrimonio histórico de la ciudad y la nación, padece una historia similar a la que acabó de vivir la ETB. En otras palabras, al San Bartolomé lo quieren privatizar. Todo inició el martes 8 de marzo con el anuncio realizado por la Ministra de Educación Nacional -MEN- María Fernanda Campo Saavedra al noticiero CMI sobre la “suspensión del auxilio de 3000 millones de pesos que desde hace más de veinte años se otorga al colegio, por disposición del Consejo de Estado”.