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¿Qué necesita Cundinamarca?

Yeilor Rafael Espinel Torres

(08/03/2019)

Cundinamarca representa el 5,3 % del PIB nacional y junto a Bogotá constituyen casi la tercera parte del mismo (CCB, 2016).  Aloja a sesenta mil de las 384.000 empresas ubicadas en el territorio denominado como Bogotá región, siendo Soacha la sede de casi veinte mil de ellas (AEMSO, 2018). Exuberante en biodiversidad, cuenta con cuatro páramos estratégicos, variedad de ríos, ecosistemas, pisos térmicos, fértiles campos y hermosos paisajes.

Con más de 2,7 millones de habitantes pujantes y laboriosos, cada vez más concentrados en los centros urbanos que en los rurales, en su mayoría jóvenes y con un municipio superpoblado como Soacha, Cundinamarca es un departamento por el que vale la pena luchar y sentirse orgulloso. A pesar de su potencial, es una región de contrastes y marcadas desigualdades que resiste a los Tratados de Libre Comercio y subsiste como una de las principales reservas productivas y agropecuarias del país.

 

Aunque las cifras son escasas, desactualizadas y erráticas, podemos decir que el departamento tiene un  5,3% de la población en condición de pobreza monetaria extrema; un 17,3% en pobreza monetaria, un  8,1% de desempleados (PNUD, 2016), un 41,7% en la informalidad (CCB, 2017) y un coeficiente de Gini del 0,428. La Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) del Dane del 2015, sostiene además, que el 28,6% de los cundinamarqueses se considera pobre en términos multidimensionales. Y a pesar de su no despreciable presupuesto de $2,7 billones (2017), la Gobernación registra un creciente servicio de deuda que en 2017 ascendía a los $217 mil millones.

 

La situación política e institucional que padece producto de la corrupción, también es crítica. Según el informe Así se roban a Colombia de la Misión de Observación Electoral-MOE (2018), ocupa el tercer lugar con el mayor número de ciudades que han tenido algún funcionario público sancionado con 26 municipios involucrados y 35 sanciones. Ocupa el sexto lugar con un 5% de los casos que más concentran políticos sancionados por usar el cargo para beneficiarse a sí mismo, a su familia o a sus amigos. Y se evidencian 11 procesos en los que se encontró el pago de contratos por obras o servicios no prestados o entregados, siendo los sectores más afectados por estas prácticas los de infraestructura, servicios públicos, salud y educación. Se destaca también la contratación a dedo con el 11% de los casos estudiados.

 

De reciente aparición, pero de un impacto tal vez mayor, figura el “volteo de tierras” como el principal fenómeno de corrupción en los Planes de Ordenamiento Territorial –POT. La Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía adelanta investigaciones a 93 municipios de 10 departamentos, de los que se estima 31 son de Cundinamarca. Allí están, entre otros, los sonados casos de El Rosal, Madrid, Mosquera de los Uribe Moreno y Funza del que no se escapa de mención ni el actual Gobernador Jorge Rey, ni su eventual sucesor Nicolás García. Además, suenan otros posibles casos como los de Cota, Chía y Cajicá que empiezan a ser examinados con lupa por las autoridades. Casos en los que principalmente se modifica las zonas de uso rural de los municipios para adelantar y adjudicar procesos intensivos de urbanización y el establecimiento de zonas francas en benefició de grandes grupos económicos financieros que se lucran de la intermediación y la especulación de la tierra. Estrategia que claramente va en contra de la producción nacional agropecuaria y la seguridad alimentaria de toda la región.

 

En cuanto a corrupción electoral, la situación del departamento no podría ser peor. La MOE señaló que para las elecciones del 2014 y 2015 se encontraron 69 y 96 municipios respectivamente donde el censo electoral superaba la población proyectada por el DANE, periodo en el que participó Cundinamarca  con siete municipios que presentaban dicho fenómeno.

 

Los problemas económicos y de corrupción en Cundinamarca son responsabilidad, por acción u omisión, de los sectores políticos que de manera casi monárquica la han gobernado. Aquellos que hace cuatro años impulsaron a Jorge Rey con la máxima gatopardista de que ojalá ‘todo cambie para que todo siga igual’. Esto nos obliga a preguntarnos, de cara al proceso electoral de octubre de este año, ¿Qué necesita Cundinamarca? Solo hay una respuesta, la unidad programática y electoral de todas las fuerzas democráticas, alternativas e independientes.

 

La Fundación Konrad Adenauer Stiftung en su libro Elecciones regionales 2015, plantea que la tendencia general en Cundinamarca es que las candidaturas a la gobernación y la mayoría de las alcaldías que ganaron hace cuatro años fueron aquellas apoyadas por coaliciones multipartidistas. Todas lamentablemente agremiadas en su momento en la Unidad Nacional Santista y el Centro Democrático Uribista, hoy unificados como nunca alrededor del actual gobernador y de lo que el Senador Jorge Robledo ha denominado como el nuevo Frente Nacional duquista. El mismo informe señala que el 36,2% de los municipios eligieron alcaldes de coalición. Importante lección para los sectores democráticos que aspiramos derrotar a quienes históricamente han gobernado al nido del cóndor.

 

Urge entonces una convergencia que aglutine lo alcanzado en el departamento por la Coalición Colombia en la primera vuelta presidencial (328.519); el apoyo que recibió la Colombia Humana en segunda vuelta (452.307) y en especial, que atraiga y represente el sentir de las casi 778 mil personas que votaron siete veces sí en la Consulta Anticorrupción. Esto constituye, sin duda alguna, en un fantástico “plante” para llevar a la Gobernación y Asamblea Departamental unos candidatos que trabajen por mejorar la economía y luchen contra la corrupción. Lo que se podría replicar en los principales cargos de elección popular de muchos municipios.

 

Finalmente, y en este marco de unidad para salvar el departamento, lo que se necesita son candidatos y candidatas con hojas de vida intachables, que no estén o hayan estado vinculados con administraciones sindicadas o envueltas en casos de corrupción y, por último, que demuestren un genuino y continuo carácter de oposición a lo que he venido llamando como el Duquismo-Uribismo-Santismo que ha rodeado a Jorge Emilio Rey. Cualquier cosa distinta a lo planteado en este artículo, es continuismo y no resolverá los males históricos de nuestra tierra. Merecemos un departamento donde los niños no se intoxiquen por alimentos mal cocinados o en descomposición provenientes de un Plan de Alimentación Escolar (PAE) mal ejecutado y seriamente cuestionado por corrupción, y donde los municipios más vulnerables como Soacha no sean endeudados por negociantes como Alberto Carrasquilla, para poder acceder a su derecho fundamental al agua.