¿Qué trama el Gobernador de Cundinamarca con los hospitales?

Yeilor Rafael Espinel Torres

(27/04/2020)

En plena emergencia económica y sanitaria generada por la COVID19, la Asamblea Departamental aprobó el pasado 31 de marzo la Ordenanza 07 del 2020 que autoriza al Gobernador de Cundinamarca Nicolás García para suprimir o fusionar hospitales públicos, bajo el eufemismo de la “reorganización” y la “modernización” de la Red Prestadora de Servicios. Lo que agravaría la ya crítica situación del sector, causada por la ley 100 de 1993. Ve­­­­­­­­­amos por qué:

La red que se pretende intervenir está dividida en cinco subredes (Norte, Sur, Occidente, Oriente y Centro) y está compuesta por 53 Empresas Sociales del Estado-E.S.E., de las cuales 43 son Hospitales y 10 son Centros de Salud. El Hospital Universitario de la Samaritana -el único de nivel IV- es centro de referencia y cabeza de red. Junto a este existen cuatro hospitales de nivel III; ocho de nivel II; 30 de nivel I y diez centros de salud de Nivel I. Según el Informe sectorial de la salud en Cundinamarca (2016-2019) de la Contraloría Departamental, hay ocho E.S.E en “alto riesgo”, seis en “riesgo medio” de desfinanciación o quiebra y trece más están en “planes de saneamiento fiscal y financiero”. Es decir, el 51% de los hospitales presentan algún nivel de riesgo o se encuentran en plan de saneamiento.

 

Con respecto al aseguramiento en salud, el 58.52% de los cundinamarqueses están afiliados al régimen contributivo; el 37.10% al subsidiado y el 0.25% más pobre figura como no afiliada. La A.R.S y E.P.S. Convida, empresa industrial y comercial del departamento, es la que tiene más usuarios del régimen subsidiado con 524.706 afiliados y Famisanar E.P.S. es la de mayor número de vinculados al régimen contributivo con 538.319. Lamentablemente Convida destaca hoy por su ineficacia y mal servicio.

 

Así lo demuestra una reciente denuncia hecha en febrero de este año por el entonces Personero Municipal de Fómeque, Édgar Mauricio Díaz, sobre la pésima atención que padecen cerca de 4.000 usuarios del régimen subsidiado por el incumplimiento de esta EPS en la entrega de medicamentos y en la demora o negación de autorizaciones para procedimientos quirúrgicos y atención con especialistas. Denuncia que fue acompañada por una petición al gobernador para que interviniera y que fue firmada por los personeros de un significativo número municipios de la Provincia de Oriente; por la mayoría de los concejales de Fómeque y un número representativo de presidentes de Juntas de Acción Comunal de la zona. Denuncia y petición que en su momento no tuvieron respuesta oficial de Nicolás García. La Contraloría Departamental también denunció, con base a los informes entregados por la Revisoría Fiscal de 2016 y 2017,que la situación financiera de esta E.P.S revela un “alto riesgo de inviabilidad financiera (…) y la falta de cumplimiento de las condiciones financieras y de solvencia establecidas en el Decreto 2702 /2014”. Por más que la gobernación haya realizado procesos de capitalización y apalancamiento, estos no han redundado en una mejora del servicio.

 

Con respecto al estado actual de la cartera de las E.P.S con I.P.S, la Contraloría Departamental firma que nuestro departamento no es ajeno a la crisis del sector que se vive a nivel nacional y que dicha crisis ha generado un grave desequilibrio en el sistema y en la operación y servicio de la red pública. Cartera que a 2018 ascendía casi a los $240 mil millones y que ubicaba a la 'comarca del cóndor' en el décimo puesto del ranking de deudas a nivel nacional. En sintesis, el estado actual de la red está marcado por la falta de cultura de prevención y promoción; la debilidad del primer nivel de atención en zonas rurales; el incumplimiento de pagos de las E.P.S a la I.P.S y hospitales públicos; y la baja calidad en los servicios ofertados por parte de las I.P.S., los Hospitales, Centro y Puestos de Salud, entre muchos otros problemas.

 

La situación del sector es crítica y la única “reorganización” o “modernización” que se requiere es el fortalecimiento financiero, técnico, administrativo y científico. La coyuntura apremia y el panorama de la atención en salud para los cundinamarqueses a corto, mediano y largo plazo, podría agravarse aun más por cuenta de la COVID19, las medidas del gobierno nacional y la ordenanza departamental en cuestión. Frente a las medidas tomadas por el gobierno nacional, por ejemplo, la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI) denunció que la situación de la red pública hospitalaria se agrava en plena epidemia y que los Decretos de emergencia de la COVID-19, en particular el 538 del 12 de abril de 2020 en sus artículos 2º y 3º, le abren la puerta a la desfinanciación de la red pública hospitalaria del país.

 

La Ordenanza 07 del 2020, por su parte, aprobó reemplazar las cinco subredes actuales por 14 “Regiones de salud”; definir las clases de redes que se configurarían y crear algunas instancias de participación. Aunque el articulado no incluye ninguna medida concreta de ampliación o fortalecimiento del sector, si enfatiza y detalla en el parágrafo 1º del artículo 5º y en el artículo 6º las facultades que el burgomaestre tendría para suprimir (cerrar) y/o fusionar hospitales bajo criterios de austeridad fiscal y eficiencia económica y administrativa. Aunque la intención de cerrar y fusionar no haya quedado explicita en el título aprobado, si lo estaba en el titulo del texto original. Esta medida podría producir cinco grandes afectaciones: 1). disminuiría la cobertura real del territorio; 2). aumentaría las distancias y trayectos que los usuarios deben recorrer desde los puntos más alejados hasta los nodos; 3). propiciaría despidos masivos de personal derivados de la redistribución y reducción de cargos por cuenta de la fusión de infraestructura o cierres; 4). reduciría el número de pacientes atendidos y 5). agudizaría los problemas que hoy tiene la red de hospitales.

 

El gobernador acierta en participar junto a Bogotá y la Nación en la adecuación del ‘Megahospital’ de Corferias y en la alianza público-privada para la “expansión de camas” y la creación de los “centros de referencia” que aspira a completar 739 camas para cuidados intensivos, 224 camas de cuidados intermedios, 3818 camas hospitalarias básicas, 672 camillas y 365 consultorios. De igual manera atina con la compra de los cien primeros ventiladores que produciría la Universidad de la Sabana y que, aunque en un principio se ubicarían en la Clínica de la Sabana para uso exclusivo de pacientes con coronavirus, tendrán que ser reubicados en hospitales públicos. Estos esfuerzos son positivos, pero la posibilidad que abre esta ordenanza para que cierre o fusione hospitales es inadmisible. Lo invito públicamente a explicar sus planes concretos de “reorganización” y los estudios que lo sustentan. 

 

Entramos en una crisis económica y sanitaria sin precedentes en la historia de Colombia que le exige al Estado total responsabilidad y compromiso. Sugiero se destinen más esfuerzos en exigir a Iván Duque un mayor compromiso presupuestal con el departamento para planear y ejecutar acciones que contribuyan a contener la expansión del coronavirus, a fortalecer el sistema de salud y reactivar la economía regional. Sin cambiar su carácter oficial, la EPS Convida debe ser intervenida con financiación del gobierno nacional y la Red debe ampliarse y fortalecerse para atender con calidad a los usuarios. Con un sistema de salud estatal fuerte y con amplia presencia territorial, podremos enfrentar ésta y cualquier otra crisis. Por mi parte, rechazo cualquier intención de cierre o fusión de hospitales.

 

Invito a la ciudadanía, a los usuarios, a los profesionales y trabajadores de la salud a unirnos alrededor de un proceso amplio de organización y movilización en defensa de la red pública de hospitales de Cundinamarca. A los entes de control, un llamado urgente para que en el marco de la emergencia sanitaria actual conceptúen sobre la legalidad y conveniencia de estas medidas.

 

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