Recomendaciones a la Comisión de Expertos en la línea estratégica ambiental del Plan de Desarrollo de Fusagasugá “Con la fuerza de la gente 2020 – 2023”.

Yeilor Rafael Espinel Torres

(07/04/2020)

Como miembro de la Comisión de Expertos presenté un documento de análisis y recomendaciones sobre la línea estratégica de ambiente, desarrollo sostenible y cambio climático del Plan de Desarrollo Municipal de Fusagasugá “Con la fuerza de la gente 2020 – 2023.

La Comisión compuesta por 25 personas de diversas profesiones presentaremos un Documento de Recomendaciones que será insumo para la discusión y aprobación del Plan Municipal de Desarrollo. A continuación el concepto completo. ¡Avanza Cundinamarca!

1. Introducción.

 

La estructura de la propuesta de Plan de Desarrollo Municipal -PDM- presentada por la Alcaldía y la Secretaría de Planeación, está compuesta por una líneas estratégicas por sectores, sustentadas en unos indicadores de bienestar y de las cuales se desprenden unos programas, unas metas y unos indicadores de producto.  Es de resaltar la intención de la administración municipal por hacer esfuerzos para que el PDM y sus líneas estratégicas, sean construidos a partir de un programa de gobierno, propuesto por el entonces candidato y hoy alcalde Jairo Hortúa, y que reflejen un proceso participativo producto no solo de los acuerdos programáticos realizados con los sectores políticos que lo avalaron y lo respaldaron sino con la ciudadanía en general. A continuación sintetizo a manera de concepto, un análisis que incluye unas conclusiones y algunas recomendaciones sobre los principales elementos del PDM en relación con la línea estratégica de ambiente, desarrollo sostenible y cambio climático.

 

2. Análisis de objetivos estratégicos. 

 

El análisis de los objetivos estratégicos de la línea estratégica de ambiente, desarrollo sostenible y cambio climático que orienta la propuesta de Plan de Desarrollo Municipal -PDN- para Fusagasugá será abordado a partir de dos (2) componentes, a saber: 1). una propuesta de marco conceptual y de política pública y 2). algunas observaciones generales a la línea estratégica y PDM.

 

2.1. Propuesta de marco conceptual y de política pública.

 

Armonizar la necesidad humana de transformar su entorno (naturaleza) para garantizar su sobrevivencia con la inaplazable tarea de conservarlo no es un asunto fácil. Menos para un país como Colombia que, a pesar de consolidar algunos poquísimos nodos regionales desarrollados y con estándares de vida más o menos buenos, hoy cuenta con muchos otros territorios en condiciones de subdesarrollo, desigualdad, pobreza (monetaria extrema y multidimensional), desempleo e informalidad. A continuación una breve caracterización[1] descrita por Espinel (2017) que sintetiza en parte la situación económica nacional:

 

“Según la CEPAL en su informe Panorama Social 2015 indica que Colombia registra un indicador de pobreza del 27,8% y que la desigualdad real es más alta que la señalada en las cifras oficiales. Señala en ese sentido que el coeficiente de Gini asciende a 0,55 sin considerar la desigualdad de concentración en la tierra que asciende a 0,91 por ciento, ni la accionaria que es de 0,95. (…)

 

Es así como, del 27,8% (Dane, 2015) de los colombianos pobres (pobreza monetaria) aproximadamente la mitad de ellos está en el campo (10,4%) y un 8% están en condiciones de indigencia (pobreza extrema). Afirmó también el Dane (2015) que el desempleo fue del 9.8% (2.370.000 desempleados) y que el 49,7% estaban en la informalidad. Cifras que contrastan las que, desde años anteriores, vienen indicando desde la Universidad de los Andes que pueden ser mayores, en el caso de la informalidad con un 56% (Cadena, 2013). En el caso del desempleo, según datos del mismo Dane 2016 subió a 11,9% y la informalidad marcó un 47% (Dinero, 2016). Todo parece indicar que Colombia se ha convertido en un país profundamente desigual y a puertas de una crisis.” (Pp. 624 - 625)

 

Panorama de país que es consecuencia de la implementación de un modelo económico neoliberal impuesto por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y hoy profundizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que ha ido en contra del desarrollo nacional. Situación que se está agudizando por efecto de la contracción de la economía mundial, producto de la caída de los precios del petróleo a nivel internacional, la guerra comercial entre EE.UU y China y una caída generalizada de la demanda ocasionada por la crisis económica de sobreproducción de EE.UU. principalmente y la expansión del COVID19. Situaciones que hoy golpean a Colombia que ya registra, según el Dane (2020), una tasa de desempleo del 13%, informalidad del 47,7% y dónde la pobreza multidimensional ascendía en 2018 al 17% de la población, según Carlos Camargo director de la Federación Nacional de Departamentos.

 

Por otra parte, a  pesar de ser rico en recursos humanos, naturales y biodiversidad, Colombia no ha podido superar la dimensión extractivista de las economías primarias neocoloniales que la ha llevado a depender casi que únicamente de la extracción de rentas y recursos de la naturaleza, principalmente a manos de multinacionales. Empresas extranjeras que se benefician de estos recursos a bajos costos; impuestos bajos o inexistentes y de mano de obra barata. Dependencia extractivista que se ha profundizado desde los años noventa a costas de la desindustrialziación del país (quiebra del aparato productivo nacional) y el consecuente desempleo en el marco de los Tratados de Libre Comercio y las políticas de estimulo a la inversión extranjera. Nuestro país no crea valor agregado nacional a gran escala y está volcado a exportar gran parte de sus materias primas hacia el mundo desarrollado, mientras que la poca industria nacional hoy sobrevive con dificultades ante la competencia desleal del falso libre comercio.

 

En este marco, vemos un sector agrícola duramente golpeado por los TLC y marcado por una mala distribución de la tierra, donde una porción grande de tierras fértiles son cada vez más destinadas a la especulación inmobiliaria bajo la perversa figura el “volteo de tierras” identificada como el principal fenómeno actual de corrupción en muchos Planes de Ordenamiento Territorial (POT). Respecto a este tema, la “…Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía adelanta investigaciones a 93 municipios de 10 departamentos, de los que se estima 31 son de Cundinamarca. Allí están, entre otros, los sonados casos de El Rosal, Madrid, Mosquera de los Uribe Moreno y Funza (…) Casos en los que principalmente se modifica las zonas de uso rural de los municipios para adelantar y adjudicar procesos intensivos de urbanización y el establecimiento de zonas francas en benefició de grandes grupos económicos financieros que se lucran de la intermediación y la especulación de la tierra. Estrategia que claramente va en contra de la producción nacional agropecuaria y la seguridad alimentaria de toda la región.” (Espinel, 2019)

 

Recordemos que Cundinamarca es hoy el principal departamento abastecedor de alimentos de Colombia[2] (18 ciudades capitales), con 10.1 millones de toneladas y de Bogotá con 470 millones de kilos al año. (SIPSA, Diario La República, 17-02-2020). De mantenerse este fenómeno, encontrado en algunos POT, se afectaría aún más la producción nacional de alimentos, el trabajo rural y, por ende, nuestra seguridad y soberanía alimentaria, en especial de la Región Bogotá-Cundinamarca.

 

Es así como, la inversión extranjera extractivista neocolonial, la quiebra del campo y la ciudad, la desigualdad y la pobreza son factores que aveces explican, más no justifican, la incorrecta utilización de la naturaleza por parte de nacionales y foráneos. El modelo económico y el subdesarrollo nos ponen entonces frente a una gran contradicción que debemos resolver en beneficio de nuestra gente, del ambiente y la posibilidad de que las generaciones futuras puedan disfrutarlo. En otras palabras, requerimos crear un modelo económico soberano que resuelva el progreso y bienestar de los colombianos, y que concilie el cuidado del ambiente con la necesidad de generar y distribuir adecuadamente la riqueza.

 

Esta contradicción entre ambiente y desarrollo nacional se desenvuelve, además, en un contexto global en el que el cambio climático avanza y afecta el ambiente natural y humano del planeta tierra. Cabe señalar que aunque Colombia no incide cualitativa, ni cuantitativamente en la producción del dióxido de carbono que genera el efecto invernadero a nivel mundial, si es vulnerable a sus efectos toda vez que el impacto global es uno solo, porque la biosfera es compartida y no distingue fronteras, y aveces se ensaña con igual ferocidad con países desarrollados y subdesarrollados. En síntesis, el desarrollo económico y social de nuestro pais  pasa por la construcción de un pacto nacional que propenda por la creación de riqueza, trabajo y ahorro nacional a partir de un manejo autónomo, soberano y responsable de los recursos naturales en beneficio del progreso y bienestar de la gente. Las actividades: agrícola, industrial, minera[3], petrolera, y de servicios (turismo y otros) deben hacerse con sujeción a las necesidades nacionales y condicionadas a criterios ambientales y de protección de los derechos laborales que permitan la sustentabilidad, la sostenibilidad y la conservación de la naturaleza.

 

2.2. Observaciones generales a la línea estratégica y PDM.

 

La línea estratégica sobre ambiente, desarrollo sostenible y cambio climático que orienta lo respectivo dentro del PDM acierta y es coherente porque propende por “…un territorio ambientalmente sostenible, tomando medidas para mitigar los impactos ambientales y generar acciones frente a los efectos del cambio climático. Así mismo, el agua será el elemento determinante en esta línea; su protección, conservación y cuidado, será indispensable en nuestro actuar como administración.” (2020, p. 2) Su acierto principal radica entonces en ubicar al agua como el elemento ambiental determinante y central de la política pública que articulará la vida y el desarrollo social y económico del municipio. 

 

Centrar su objetivo estratégico, además, en la protección y la conservación del “…ambiente natural, los ecosistemas, las fuentes hídricas y generar acciones de mitigación frente a los efectos del cambio climático, fijando y fortaleciendo lineamientos que garanticen el desarrollo de una política ambiental a nivel municipal con la participación activa de la comunidad” (2020, p. 620), es también correcto ya que no solo logra condensar lo planteado (y exigido) a nivel internacional por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Agenda 2030 y la Nueva Agenda Urbana de ONUHABITAT, sino que permitiría avanzar en su articulación con la región y el Departamento, propiciando un espacio para construir colectivamente un esquema regional de organización territorial basado en el agua y la producción (agrícola e industrial) con criterios de corresponsabilidad, protección del ciclo hidrológico, la defensa del agua como derecho fundamental y el establecimiento, porqué no, de un consumo mínimo vital gratuito que beneficie a los fusagasugueños en general. Principios que rescato de la propuesta del Referendo por el Agua en 2009. Propongo que esto último pueda hacerse en el marco de una actualización al Plan de Ordenamiento Territorial – POT que proteja la estructura ecológica principal del municipio, su vocación agrícola y la inclusión en el PDM de una política pública municipal del agua, liderada por EMSERFUSA como empresa pública-estatal de los fusagasugueños. Política que conecte, regule y planee la gestión del vital recurso en una articulación entre el sector agropecuario, el industrial y la ciudadanía en general.

            

No obstante lo anterior, y a pesar de que el municipio cuenta con un 4.19% de su territorio ubicado en páramos con temperaturas entre los 0°C y 8°C y es vecino del páramo de Sumapaz (más grande del mundo), noto con preocupación que en la definición estatégica de la línea y el PDM no se menciona y no hay programas o líneas de acción relacionadas con páramos y el mandato ciudadano de conservar el suelo fusagasugueño libre de Fracking. Ambos temas son de agenda estratégica para el cumplimiento de los fines del Estado y los derechos fundamentales de la gente en materia ambiental y la protección del agua como recurso central que define el territorio y las relaciones sociales y productivas dentro del municipio. Ausente también está en la línea y el PDM una postura estratégica frente a la conveniencia o no del establecimiento de megaproyectos hídricos como el del Embalse del Sumapaz.

 

Como se mencionaba atrás en relación con el agua, es importante también crear puentes de articulación entre la línea estrategica sobre ambiente, desarrollo sostenible y cambio climático que orienta lo respectivo dentro del PDM con el proceso de actualización del POT del municipio, tomando como base las experiencias positivas y negativas (para no repetirlas) de los municipios en Cundinamarca, sobre todo para evitar y controlar que se den procesos irregulares de alteración del uso del suelo (“volteo de tierras”) que redunden en eventuales escenarios de corrupción y de cambio de vocación productiva de suelos que impacten negativamente el ambiente y vayan en desmedro, como tambien se analizaba en el numeral uno, de la producción, la seguridad y soberanía alimentaria y en beneficio de la especulación inmobiliaria en el municipio. 

 

Para finalizar, cabe preguntar si la línea en mención y el PDM están articulados o no con el  Plan Ambiental Municipal Fusagasugá Cundinamarca 2017-2028 realizado por la anterior administración, y con el Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2012-2023 de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Es importante explicar si su omisión corresponde a un olvido involuntario o a un análisis de inconveniencia, ya que no hay una mención de los mismos en los documentos analizados. Es claro que, en relación con el Plan Municipal dejado por la anterior administración, la actual puede tomar decisiones fundadas que expliquen y justifiquen su omisión[4], pero la armonización de la línea estratégica y el PDM con lo planteado con la CAR es fundamental para una armónica coordinación interinstitucional y para la validación positiva del PDM por parte de esta autoridad ambiental regional. En particular con lo establecido al saneamiento ambiental (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR) y la situación ambiental para la cuenca del Sumapaz.

 

3. Actores estratégicos.

 

Se evidencia en la fase diagnóstica de la línea estratégica y el PDM, el esfuerzo de la administración por generar consensos entre diversos sectores. Esa cultura administrativa debe mantenerse y profundizarse en las diferentes etapas del ciclo de vida de la gestión, políticas publicas, programas y proyectos. En cuanto al tema ambiental es clave avanzar en instancias de coordinación interinstitucional conjunta para acercar y crear acuerdos entre actores estratégicos aparentemente antagónicos. El tema ambiental es un asunto de todos y todas, ciudadanía, academia, ambientalistas pero también del sector productivo y trabajadores de la industria y del agro.

 

4. Plan Financiero del PDM 2020-2023.

 

Dentro de los ventiún sectores planteados en el Plan Financiero del PDM 2020-2023, el sector prevención y atención de desastres representa el 1,54% del total de recursos proyectados y se ubica en el puesto décimo de importancia en cuanto al monto de inversión con un promedio de $ 2.145.152.616 durante todo el cuatrienio y una variación de incremento del 3% anual. El sector iniciaría el cuatrienio con una proyección presupuestal de $2.050.997.965 y finalizaría con $2.241.180.853. Por su parte, el rubro destinado a Medio Ambiente representa anualmente el 0,44% del total de recursos proyectados y se ubica en el puesto número diecisiete de importancia en cuanto al monto de inversión con un promedio de $617.750.984 durante todo el cuatrienio y una variación de incremento del 3% anual. El sector iniciaría el cuatrienio con una proyección presupuestal de $590.636.769 y finalizaría con $645.404.745. 

 

El presupuesto promedio proyectado para el tema de prevención y atención de desastres y ambiente durante el cuatrienio es proporcionalmente adecuado frente a las necesidades y prioridades del municipio en materia de educación (41,28%); salud (35,62%); vías, transporte y movilidad (2,45%); equipamiento municipal y bienes públicos (2,25%); vivienda (2,25%); justicia, seguridad y convivencia ciudadana (2,27%); servicios públicos, sin incluir proyectos de vivienda de interés social (2,04%); agua potable y saneamiento básico, sin incluir proyectos de VIS (1,72%) y agropecuario y ruralidad (1,62%) los cuales suman en promedio el  91%  del plan financiero. 

No obstante, se podría aumentar el rubro correspondiente a medio ambiente sobre la base de las consideraciones acá expuestas de avanzar en una política de páramos y otra sobre agua; y el establecimiento de programas como “Fusa libre de Fracking” y uno en prevención de desastres y mitigación de impactos ambientales generados por el megaproyecto hídrico del Embalse del Sumapaz.

 

5. Indicadores, programas y metas PDM.

 

Analizado el componente completo de indicadores, programas y metas que se traduce en un paquete de programas, se identifica que la planeación expresada en la línea estratégica y el PDM estos son razonables y corresponden con el Plan Financiero del PDM 2020-2023. En relación con el tamaño tan significativo de los recursos destinados al sector de prevención y atención de desastres, que suman al final del cuatrienio unos $ 8.580.610.463, es importante que tanto los estudios técnicos para el conocimiento y reducción del riesgo de desastres elaborados y el estudio técnico especializado para la prevención y atención de incendios forestales elaborado e implementado respondan, en calidad y cantidad, con lo esperado en términos de gestión del riesgo y que aporte realmente al establecimiento de un servicio eficaz de generación de alertas tempranas para la gestión del riesgo de desastres y que permita adelantar las obras para la prevención y control de inundaciones, control de erosión necesarias y la atención a población víctima de desastres generados por fenómenos naturales

 

6. Herramientas de monitoreo y evaluación.

 

Aunque los indicadores, programas y metas del PDM en relación con la línea estratégica son razonables, adecuados, eficientes y eficaces, hace falta hacer evidente una bateria o caja de herramientas de monitoreo y evaluación específica para los programas y proyectos que se aprueben y ejecuten en esta materia. 

 

Aunque el PDM es claro en un inicio al señalar que en el proceso de formulación se aplicó una metodología de marco lógico orientada objetivos, con enfoque poblacional y con participación ciudadana, en el marco de los modelos de gestión pública contemplado por la CEPAL, la ONU y el Departamento nacional de Planeación -DNP-, es clave avanzar en el establecimiento de estrategias propias de monitoreo y evaluación por línea estratégica.

 

7. Conclusiones y recomendaciones.

 

A partir de las conclusiones expuestas en cada apartado de este concepto y los análisis de los objetivos estratégicos basados en una propuesta de marco conceptual y de política pública y algunas observaciones generales a la línea estratégica y PDM; el análisis de actores estratégicos, la inspección del Plan Financiero del PDM 2020-2023, la revisión de los indicadores, programas y metas PDM; y la propuesta de definición de herramientas de monitoreo y evaluación particulares se expresan a continuación algunas recomendaciones. A saber:

 

a) A partir de un diagnóstico completo, propongo construir una política pública de páramos que reconozca por lo menos dos principios básicos:

 

i.Equilibrio entre las actividades económicas y la protección ambiental donde cualquier intento de armonización debe ser bajo criterios nacionales y democráticos.

ii.Protección adecuada de los páramos bajo una delimitación y protección que considere elementos ambientales, sociales, culturales y económicos. Bajo mecanismos y principios jurídicos como la participación ciudadana, la consulta previa, definición de derechos adquiridos; eventuales situaciones jurídicas consolidadas; reconocimiento de la confianza legítima; aplicación del principio de precaución y la identificación de situaciones temporales. 

 

Principios hoy en construcción y discusión en la Mesa Nacional de Páramos, constituda a partir de los procesos de organización social frente a la delimitación y protección de páramos empredida por el gobierno nacional y que está en proceso de constituirse como una Asociación de Habitantes de Páramos.

 

b) Incorporar una política pública del agua que establezca un esquema municipal de organización territorial basado en el agua y la producción (agrícola e industrial) con criterios de corresponsabilidad, protección del ciclo hidrológico, la defensa del agua como derecho fundamental y el establecimiento, porqué no, de un consumo mínimo vital gratuito que beneficie a los fusagasugueños en general.

c) Juntos a los promotores de la Consulta Popular contra el Fracking y la Megaminería se podría  elaborar un programa “Fusa libre de Fracking” que materialice el mandato ciudadano obtenido en la misma en 2018.

d) Como producto de un aprendizaje nacional derivado de la lamentable catástrofe ambiental y social generada en Hidroituango, Fusagasugá debe pensar en un programa de prevención de desastres y mitigación de impactos ambientales generados por el megaproyecto hídrico del Embalse del Sumapaz.

Notas:

[1] Caracterización que a 2020 se ha agudizado por diversos aspectos de índole internacional (guerra comercial y económica entre EE.UU. y China, caída de los precios del petróleo, COVID19) y de tipo nacional como los «déficits gemelos» expresados en unos balances negativos —simultáneos— en las cuentas externas (déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos) del país y en las cuentas del gobierno (déficit fiscal) (Suárez, 2016)Situación que ha llevado al gobierno a endeudarse más y a aumentar la base gravable de impuestos a capas medias e incrementar exenciones a multinacionales en el marco de reformas tributarias regresivas. En Colombia, a fecha del presente escrito, aún está por verse como agrava esta crisis los efectos del avance del COVID19 y las consecuencias e impactos de la cuarentena en la economía nacional.

[2] Fuente: Reportes de abastecimiento del Sistema de información de precios - SIPSA, Diario La República, 17-02-2020.

[3] Incluyo acá a los sectores nacionales de minería ancestral, pequeña y mediana a los que se les debe apoyar en su formalización cumplimientos de normas ambientales y estándares alto de respeto a los derechos laborales. Saco del esquema a la gran mineria trasnacional que se presente como gran predadora del medio ambiente y explotadora de mano de obra mal paga y desprotegida. Lo anterior se sintetiza en dos ideas: 1) Minería sí pero no así (No al  lo transnacional) y 2). Minería sí pero no ahí (establecimiento y delimitación de zonas aptas) Estos sectores son claves, no pueden ser excluidad y deben ser diferenciados de la minería trasnacional,

[4] No obstante, el Plan Ambiental Municipal Fusagasugá́ 2017-2028 haya sido realizado por la anterior administración y la actual pueda prescindir de él, éste debe dar cuenta del porqué no se tendrá en cuenta ya que en su elaboración fueron invertidos recursos públicos objeto de revisión por lo entes de control respectivos. 

8. Referencias bibliográficas.

 

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